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El alcalde de Siero replica con firmeza

a la querella del sindicato Sipla

 

«Podrán denunciarme cien veces, que cien veces haré lo mismo, que no es otra cosa que atender a los vecinos cumpliendo con mis obligaciones, con el cargo y conmigo mismo». El alcalde de Siero, Ángel García, reaccionó ayer con firmeza ante la querella presentada por el sindicato de la Policía LocalSipla contra su persona por supuestos delitos de «obstrucción a la justicia, prevaricación, acoso laboral, amenazas y coacciones», y se reafirmó en todas las decisiones adoptadas en las últimas semanas.

«Como alcalde y principal responsable de la administración local, detecto unas irregularidades muy graves, que son totalmente inaceptables, y por respeto a los ciudadanos que me han elegido, a mí mismo y en cumplimiento de mis obligaciones, lo único que he hecho es tomar medidas para corregirlas», afirmó.

El regidor reiteró que «el fondo de la cuestión es que hay una serie de señores que, por sistema, no venían a trabajar y que pasaban horas extraordinarias», y que a él no le corresponde determinar la calificación penal que puedan tener esos hechos. «No soy jurista, pero sí soy un alcalde elegido por los ciudadanos no solo para decir buenas palabras, sino para dar respuesta a los problemas y, sobre todo, para gestionar el bien público o, al menos, intentarlo». En consecuencia, considera que esa situación detectada en el seno de la Policía Local «es algo que no puedo dejar pasar y mi único objetivo es resolverlo cumpliendo con la legalidad y dando un servicio público que los vecinos nos demandan y pagan por él».

El mandatario enumeró algunas de las decisiones adoptadas en las últimas fechas: la instalación de unos ficheros en la comisaría polesa para llevar un control de la jornada laboral de los agentes, al igual que el resto de la plantilla municipal; la obligación de que todos los policías lleven el uniforme cuando están de servicio -«que me parece algo razonable», apuntó-; que cumplan con su horario laboral, que está estipulado por ley en 1.642 horas anuales; que cubran un parte diario de trabajo y, por último, «que atiendan bien a los vecinos, sean educados cuando los llaman por teléfono y les den una solución o lo intenten; y que cuando van por la calle, atiendan también las irregularidades o posibles incumplimientos de las ordenanzas», dijo.

El alcalde hizo una reflexión: «Estaba de mi mano evitar que me fuesen a pitar, me denunciasen y tuviese todos los problemas que estoy teniendo, pero ¿a cambio de qué?». Y respondió que si no hubiera tomado medidas «estaría haciendo un flaco favor y fallando a los vecinos, que están deseando que desde la política demos respuesta a los problemas y que seamos valientes».

García sí admitió que, en algún momento, «haya podido perder las formas. Si así fue, pido perdón por ello, pero el fondo, que es lo importante, es que los funcionarios públicos, en este caso la Policía Local, cumplan con su obligación, la ley, a los vecinos tenemos que atenderles de forma ejemplar», pues reiteró que se trata de un servicio público y vocacional. «No puedo admitir que sea de otra manera, porque, de lo contrario, estaría defraudando a la gente que trabaja duro, que paga sus impuestos y les debo un respeto», dijo. Y puso otros ejemplos de qué pasaría si funcionaran de forma deficiente otros servicios públicos como la recogida de la basura o la expedición de licencias. «Sería totalmente impensable», afirmó.

Respecto a la grabación que el Sipla ha adjuntado a la querella de una conversación privada entre el alcalde y un subinspector de la Policía Local, García respondió que no tenía «nada que ocultar» y que no recordaba «la literalidad de esa conversación, pero sí el fondo». Según su versión, le dijo que existía «una irregularidad» y que el gobierno «no pretendía hacer daño a nadie, sino recuperar la normalidad, cumplir la legalidad y que tenía que haber unos responsables» por esos hechos. Tampoco considera que hubiera amenazado a nadie: «Los hechos que hay son las resoluciones que he dictado y están ahí para verlas».

Tramitación del expediente

En cuanto a la tramitación de las irregularidades cometidas, comentó que seguirá «el cauce que marca la ley» y el procedimiento establecido por los servicios jurídicos municipales. Ya se ha tomado declaración a dos agentes y aclaró que no dependerá de él que el expediente derive hacia la Fiscalía, sino «del trámite administrativo interno, donde tiene que haber un instructor». Y aseguró: «Se va a llegar hasta donde la ley nos permita».

El regidor es partidario de dar publicidad en el portal de transparencia del Ayuntamiento «a esas irregularidades y a ciertos documentos, si los servicios jurídicos me lo permiten, para que todos los ciudadanos sepan lo que hay y puedan sacar sus propias conclusiones». Y concluyó: «El objetivo final es que todos nos podamos sentir orgullosos de nuestra Policía Local».

 

 

 

 

 

 


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